Publicado el 20/02/2026 por Administrador
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A partir del 1 de junio de 2025, los legisladores ecuatorianos que lleguen tarde o no asistan a las sesiones del pleno enfrentarán sanciones económicas. La medida, impulsada por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, busca frenar la impuntualidad y fortalecer la responsabilidad legislativa en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la eficiencia del Parlamento es cada vez más crítica.
Según la nueva disposición, los asambleístas que no registren su asistencia de manera puntual recibirán un descuento de $55,52 en su salario mensual. Aquellos que no asistan del todo a la jornada legislativa o no completen el registro electrónico durante toda la sesión, enfrentarán una sanción mayor de $158,63, deducida directamente de su rol de pagos.
Con esta normativa también se implementará un sistema digital de control de asistencia en las curules del Salón Plenario “Nela Martínez”. A través de laptops personales asignadas a cada legislador, se eliminará el anterior sistema manual, el cual fue objeto de múltiples cuestionamientos por supuestas irregularidades en el registro de presencia.
Adicionalmente, la Asamblea ha anunciado que la lista de asambleístas impuntuales o faltantes será publicada en su sitio web oficial, con el objetivo de fomentar la transparencia y permitir a la ciudadanía hacer un seguimiento directo del cumplimiento de sus representantes.
Esta nueva política no solo busca ordenar las sesiones parlamentarias, sino también prevenir abusos en el cobro de remuneraciones y recuperar la confianza del electorado, que ha mostrado un creciente descontento con el desempeño legislativo.
Cabe destacar que estas medidas llegan en un momento en que los organismos de control, como la Contraloría General del Estado, han llamado la atención sobre la falta de registros fiables en la asistencia legislativa, situación que podría afectar incluso la validez de algunas decisiones tomadas por el pleno.
Con la entrada en vigor de estas sanciones, la Asamblea Nacional intenta marcar un precedente y elevar los estándares de conducta de los servidores públicos en el ámbito legislativo, reforzando el mensaje de que la función pública exige disciplina, puntualidad y compromiso real con el país.
